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Los datos que importan.
Acerca de los homicidios del 2018.
Por Edgar Villarreal.
Nos encontramos atestiguando los primeros pasos del gobierno federal, en el inicio de la llamada época transformadora, en donde la verdad es de quién tenga el mayor número de views, followers y bots en sus respectivas redes sociales. Debate que para bien o para mal, ha permeado en gran número de sectores de la sociedad, misma que tendrá la oportunidad de transformar la paradigmática visión con la que mide a su clase gobernante. En ese limbo de verdades a medias y muchas veces distorsionadas, quedan pocos faros que nos guían hacia la angustiante pero necesaria luz de la realidad. Uno de ellos es el INEGI.
El pasado 25 de julio, dicho Instituto hizo público un comunicado en el cual detalla el total de homicidios registrados en 2018, 35 mil 964 para ser exactos, es decir, estamos hablando del año más violento en la historia del país, del que se tenga registros. Los estados que lideran tan alarmante lista son: Guanajuato (3,493), Estado de México (3,135), Chihuahua (2,957) Jalisco (2,919) Baja California (2,910) y Guerrero (2,312). A continuación, algunas características de las entidades en mención:
Comencemos con Guanajuato, estado que arrojó el mayor número de homicidios en el año anterior, y que actualmente se encuentra sumido en una crisis de violencia la cual es atribuible en gran parte, al enfrentamiento entre grupos criminales por la disputa del robo de combustible. Cuenta con un gobernador electo en 2018, al igual que el Estado de Jalisco, por lo que podríamos señalar que el alto índice de homicidios no es atribuible a sus mandatos, aunque el gobernador anterior de Guanajuato haya sido del mismo partido. De igual manera Baja California con una hegemonía histórica panista, tuvo elección de gobernador en el año en curso.
Por su parte, las entidades de Estado de México (2017), Chihuahua (2016) y Guerrero (2015) han demostrado que sus estrategias de seguridad implementadas han sido ineficaces ante el “combate” del crimen organizado. No obstante, los estados en mención han tenido gobiernos emanados de diferentes partidos políticos, es decir, los grupos criminales han dejado de lado ideologías políticas para brindar prioridad a las prácticas de costo beneficio.
De acuerdo al mismo informe, podemos inferir que la población más vulnerable se encuentra situada en el rango de edad que abarca de los 15 a los 34 años, en donde se concentra el 50% de las víctimas del 2018, con 18,050 muertes por homicidio. Lo alarmante es que en las 6 entidades en mención se encuentran mapeados 9,603 homicidios bajo la misma clasificación por edad, lo que representa el 27%.
Si tomamos como referencia los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que con fecha de corte a junio del año en curso, nos señala la cruda cifra de 25, 913 homicidios, podríamos plantear un escenario alarmante para diciembre próximo en el que fácilmente se rebase el récord de homicidios del 2018, o bien, concluir que más de una Procuraduría General de Justicia así como Fiscalías Generales de los Estados de la República, están reportando “cifras maquilladas” a petición de sus autoridades.
Ya sea que se tome como referencia el conteo de cualquiera de las dos Instituciones, pues ambas cuentan con un alto grado de legitimidad, el grupo más vulnerable sigue siendo el que se localiza en el rango de edad mencionado anteriormente, los jóvenes.
Por tanto hace 15 días, el titular del ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, señaló que uno de sus principales programas de gobierno “Jóvenes Construyendo el Futuro” ha logrado captar 800 mil beneficiarios que van de los 18 a 30 años de edad, sin embargo, los datos nos invitan a señalar que el estímulo económico por si mismo, no es un factor que determine la disminución de la violencia, puede ser un vehículo, más no la solución al problema.
En consecuencia, los gobiernos estatales deben trabajar en sus cuerpos policiales, depurarlos de elementos que se encuentren coludidos con el crimen organizado, capacitarlos no solo en materia armamentista, sino también, en materia de derechos humanos, brindar salarios competitivos, así como respetar los derechos laborales de los elementos.
Por su parte, los municipios podrían aprovechar el arranque de la Guardia Nacional, para recuperar localidades que presenten altos índices delictivos, y entre tanto, reestructurar a sus policías municipales que han sido en la mayoría de los casos, entregados con moño y listón a los grupos delincuenciales. Esto para cumplimentar el artículo 5 de la Ley de la Guardia Nacional “…colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o municipios.”
La tarea que tienen estados y municipios es titánica, pero no imposible. La federación por el momento tiene la obligación de atender los números rojos de violencia que sus Instituciones le advierten. De igual manera, los gobiernos subnacionales tienen la tarea de contar con cuerpos de seguridad que reflejen altos índices de confianza entre la sociedad. En el supuesto de que sigan sin atender su deber, se llevará al país a otro sexenio de Estrategia de Seguridad Pública…Militarizada.
Edgar Villarreal
Lic. Ciencias Políticas y Administración Pública
por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.
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